En La Opinión De La Profesora Nelva Reyes Barahona: Por una Caja de Seguro Social solidaria, humana y universal

En las elecciones de 1984, viniendo de ser vicepresidente del Banco Mundial, Nicolás Ardito Barletta, a quien los militares impusieron con 1713 votos en las elecciones de ese año y cuestionadas por la población panameña, trataron de impulsar las políticas y planes económicos neoliberales.

El 13 de septiembre de 1985, se da la decapitación del Dr. Hugo Spadafora, hecho que contribuyó a incrementar la oposición al régimen militar.

En 1986, el gobierno de los militares impulsa una Ley que buscaba aumentar el Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS), del 5 al 10%, además intenta modificar la Ley de la Caja del Seguro Social. Estos hechos llevaron a que diversos sectores de la sociedad se movilizaran, como la Asociación de Médicos, Odontólogos y Afines de la Caja de Seguro Social (Amoacss), la Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal), representadas por el Dr. Mauro Zúñiga; el Movimiento Magisterial; siete jornadas de lucha realizadas por trabajadores del sector público encabezados por la Federación Nacional de Servidores Públicos (Fenasep), las diferentes organizaciones sindicales y la ciudadanía en general, con grandes movilizaciones logró la derogación del aumento del ITBM y detener las medidas fondomonetaristas del régimen de Noriega.

Luego de 35 años, los gobiernos de manera sistemática han impulsado y han servido a los organismos de crédito internacional como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Al asumir el gobierno, el presidente Endara firma la Carta de Intenciones la cual contenía en esencia las medidas del FMI. Es el presidente Ernesto Pérez Balladares, quien aplica a fondo la privatización de entidades del Estado como el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE), el Instituto Nacional de Telecomunicaciones ( INTEL) entre otras, y elimina las jubilaciones especiales a las y los educadores.

Hoy producto de esas privatizaciones tenemos el peor y más caro servicio de energía y telecomunicaciones. En el caso de la telecomunicación, a las familias panameñas le es privativo tener teléfonos residenciales tal cual se podía obtener antes con $10.00 al mes.

Estas privatizaciones nos han llevado a que a nivel nacional se den un sin número de apagones y daños en equipos y aparatos domésticos, y a los usuarios no se les ha resarcido los daños ocasionados además del aumento paulatino que se ha venido dando por estas empresas como Unión Fenosa y Naturgy. Estas empresas hoy, se han vuelto millonarias como lo hicieron los españoles y europeos con el oro en 1492, cuando vinieron y expoliaron a América.

Es preciso que esta recordación nos sirva para alertarnos ante los vientos tormentosos que se avecinan con instituciones fundamentales para la comunidad como lo son el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan); y la Caja de Seguro Social (CSS).

En el caso del Idaan, todos los gobiernos han tenido una política de desidia, igualmente con la CSS. En el 2005 bajo el gobierno del Señor Martín Torrijos al tratar de imponer las reformas a la CSS, se dieron movilizaciones a nivel nacional y con una huelga de un mes se logra derogar la ley que querían imponernos. Hoy ha quedado claro que la Ley 51 del 27 de diciembre de 2005 ha sido un fracaso.

El señor Enrique Lau, director de la CSS, ha indicado en una conferencia de prensa lo siguiente: “La empresa privada tiene una morosidad de $283 millones a junio de 2019 y el gobierno debe $434.3 millones”. Dinero que ha sido descontado a las y los trabajadores y no lo han pagado a la Caja.

En esta condición de morosidad se encuentran 38 mil empleadores, y más del 50% de estos tienen más de tres meses y hasta años de adeudarle a la institución, señaló Lau en su informe. Además, informó que se gastaron $176 millones en sistemas de computación, sin embargo, los 38 mil expedientes de las cuentas morosas se están manejando manualmente. Todas las carencias que gobierno tras gobierno han llevado la Caja y otras instituciones lo que buscan es la privatización de las mismas.

Hoy las y los trabajadores panameños con un salario mínimo de $322.00 por mes en el campo o de $585.00 en la ciudad, no pueden suplir las necesidades básicas, y mucho menos de los medicamentos que se requieren ya que es criminal el costo de los mismos aquí en Panamá, siendo éstos los más caros de América Latina.

No hay por parte de la dirección de la CSS ninguna propuesta que busque una salida que vaya a solventar los graves problemas que administraciones malévolas han llevado a la institución. La composición de la comisión ad-honoren que ha designado el director de la Caja, integrada desde por el doctor Nicolás Ardito Barleta y autores de la Ley 51, varios de los cuales han respondido a las directrices del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional.

Consideramos que la única forma de rescatar al Seguro Social es luchar por la vuelta al sistema Solidario, Unitario y Universal, que se ponga un alto a los abusos, que se recupere lo robado y se castigue a quienes han hecho mal uso de los dineros y recursos de la Institución. ¡Alto a la impunidad!

Secretaria General, Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá (CGTP)